3.7.15
Laura Miranda
El pasado miércoles 1 de julio tuvo lugar la primera toma de
contacto entre el nuevo grupo de gobierno y la constructora adjudicataria de la
construcción y concesión del complejo del centro comercial, aparcamientos,
plaza pública y parque urbano situado en el centro del casco urbano de Santa
Brígida. Así lo señala en una nota enviada a los medios, la fuerza con mayor
representación en el consistorio, Ando Sataute.
A la reunión asistieron el Alcalde, José Armengol, el
Concejal de Urbanismo, Eduardo Martín, el Concejal de Educación y Cultura,
Melquiades Álvarez, la Concejala de Vías y Obras, Oneida Socorro, y por parte
de la constructora, Juan Madrigal, ex gerente de la UTE, Antonio del Toro y
Enrique Hernández, abogado y nuevo gerente de la UTE, respectivamente.
Según la nota de prensa la reunión se desarrolló “en un
ambiente cordial y positivo”. Durante la misma, el que fuera gerente de la UTE
hasta el pasado año, Juan Madrigal, habría comenzado “exponiendo su visión del
caso a los representantes municipales desde el inicio de las obras hasta la
situación actual”. Tras la exposición inicial, y según señala el comunicado, los
concejales iniciaron una ronda de preguntas que fueron contestadas
principalmente por Antonio del Toro, abogado de FCC.
“Aunque el objeto de la reunión era tener una primera toma
de contacto, ambas partes convinieron en que la situación de bloqueo del solar
ocupado por el centro comercial se ha tornado intolerable para la ciudadanía,
las arcas municipales y para la propia constructora, además del deterioro de la
imagen del municipio de Santa Brígida en la opinión pública, por lo que la
conclusión fue que hay que encontrar una solución lo más rápidamente posible”.
Tal y como dicta la sentencia del TSJC de julio del 2014, el
Ayuntamiento está obligado a indemnizar a FCC con unos 8 millones de euros más
unos 3.800 € diarios por lucro cesante desde el momento de paralización de las
obras, lo que a día de hoy ascendería a unos 19 millones de euros según
cálculos aportados por Antonio del Toro. No obstante el Concejal de Urbanismo,
Eduardo Martín, recordó al letrado y a sus representados que a raíz de la
mencionada sentencia, el Ayuntamiento interpuso un incidente de nulidad de
acciones que, en caso de prosperar, anularía el efecto de la misma.
Además, los representantes municipales esgrimieron una serie
de hechos que parecen contradecir el título y el objeto del contrato, como por
ejemplo, la sustitución de los multicines por una superficie alimentaria, la
ocupación parcial de la vía Presbítero Blas Marrero, que tal y como especifica
claramente el Pliego de Condiciones debía prolongarse a lo largo del edificio
para desembocar en el Paseo Guiniguada; el propio rediseño del proyecto en
contra de lo estipulado en contrato, que afectó a un sustancial cambio de
volumetría y superficie construida del mismo, etc.
Por otro lado, los representantes de FCC se comprometieron a
enviar un índice de documentos del caso al Concejal de Urbanismo y al Alcalde
con el fin de poder cotejarlos con los documentos del expediente custodiado en
el Ayuntamiento y aportarlos, en caso de ser requeridos, a los asesores
externos que el grupo de gobierno está consultando en estos momentos.
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